Estado chupón

Nota de la editora: Artículo copiado del matutino Hoy.

Por Rosario Espinal
hoy.com.do | 19-08-2009

El Estado chupa y algunos chupan del Estado. Con sus tentáculos impositivos, el Estado extrae recursos de la población para que muchos se nutran por vía legal o ilegal.

Históricamente, el Estado moderno ha tenido como una función básica recaudar dinero para mejorar las condiciones de vida de la gente. Para lograrlo, debe cumplir esa función con eficacia y sentido de equidad; y cuando lo hace, se convierte en Estado protector.

A regañadientes casi siempre, la población acepta pagar impuestos con el objetivo de lograr mejoría, pero no siempre los gobiernos administran los recursos de forma idónea.

En todos los países se desvía dinero público para beneficio privado de manera ilegítima. El problema es mayor en países de escaso desarrollo económico y con sistemas judiciales débiles como República Dominicana. Por eso se habla tanto de corrupción.

A pesar del cacareo, los dominicanos no señalan en las encuestas que la corrupción es uno de los tres problemas principales. El desempleo, el costo de la vida, la educación, la salud o la electricidad tienden a ocupar las primeras posiciones.

Por otro lado, en todas las encuestas de cultura política de los últimos 15 años, la mayoría de la población dominicana ha expresado que la corrupción es un problema grave.

¿A qué se debe entonces la paradoja?

Primero, a que la corrupción muchas veces afecta a la gente de manera indirecta, mientras los otros problemas afectan de manera directa.

Segundo, a que la percepción de corrupción no es necesariamente producto de la magnitud de la corrupción en un momento determinado, sino también de la desconfianza general que la población siente hacia los funcionarios públicos.

Cuando el gobierno da respuesta a los problemas fundamentales de la gente y existe la percepción de que así lo hace, la ciudadanía aumenta su confianza, y por tanto, percibe menos corrupción.

Cuando los problemas se acumulan y el descontento aumenta, se produce mayor desconfianza, y ese es un terreno fértil para que aumente la percepción de corrupción.

En contextos de precariedad económica como el actual, las denuncias de corrupción tienen mayor resonancia en la población porque la inequidad genera más desazón.

Con el objetivo de diluir las denuncias que se hicieron recientemente, el gobierno insistió en que las acusaciones eran mediáticas y dirigidas por la oposición; y ciertamente hay un elemento mediático porque los medios de comunicación constituyen el mecanismo fundamental que permite a la población acceder a la información pública.

Pero una simple contraofensiva mediática gubernamental no logrará combatir el creciente descrédito que se posa sobre la gestión gubernamental, porque hay condiciones concretas que generan descontento.

Ante la desaceleración económica, el Estado tiene menor capacidad de chupar recursos de la sociedad porque hay mayor desempleo, menor consumo y menores recaudaciones fiscales. Al tener menos recursos, el Estado tiene mayores limitaciones para dar respuesta a los problemas.

Esta situación de precariedad aumenta la irritación social que producen los actos de corrupción, que en tiempos normales pasarían casi desapercibidos.

Acorralado por las denuncias provenientes de los medios de comunicación, del empresariado y de organizaciones de la sociedad civil, el Presidente Leonel Fernández cambió el 16 de agosto a los funcionarios más controversiales.

Lamentablemente el episodio concluirá ahí y la población nunca sabrá si las denuncias se sustentaban en evidencias suficientes para establecer mayores sanciones.

Así se perpetúa el descrédito de los funcionarios gubernamentales en sentido general, y se afianza la impunidad si los señalados merecían otras sanciones.

Ese Estado chupón, en vez de proteger a la población, se hace cada vez más ineficiente e ineficaz, empobrece la gestión pública y las condiciones de vida de la población.